Existe actualmente una tendencia, ante problemas de convivencia que nos preocupan, a dirigir la mirada directamente hacia los poderes públicos pidiendo “solución”, saltándonos el paso de pararnos a examinar cuáles pueden ser nuestras responsabilidades y cuáles nuestros recursos y capacidades para gestionarlos. Ponemos el asunto directamente en manos de poderes externos: político, policial, judicial, legislativo… Un ejemplo, entre tantos, de ello es el tratamiento que se está haciendo del llamado bullying.
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